Martinelli es objeto de esta orden de arresto tras haber sido declarado el 11 de diciembre del 2015 en rebeldía, por no haberse presentado a una audiencia del proceso que se le sigue por espionaje a opositores durante su gobierno (2009-2014).
Martinelli había abandonado Panamá en enero pasado, un día después de que la Corte Suprema iniciara investigaciones por otro caso de supuesta corrupción. El expresidente derechista tomó un avión con destino a Florida, pero se desconoce su paradero actual, aunque medios locales afirman que sigue en Estados Unidos.
Martinelli, de 63 años, es acusado, junto a otros responsables de las fuerzas de seguridad, de interceptar las comunicaciones de unas 150 personas entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores a su gobierno.
El exmandatario también es investigado por la Corte Suprema por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.
Martinelli, un magnate del sector de supermercados que alcanzó la presidencia prometiendo una cruzada contra la corrupción, es mencionado en otra decena de casos que investiga la justicia en relación a delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones por el pago de impuestos.
Sin embargo, el expresidente y sus seguidores aducen que se trata de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela, antiguo aliado de Martinelli hasta que éste lo cesó de su cargo de canciller en 2011.
Además de Martinelli, también son procesados dos exsecretarios del Consejo de Seguridad, Alejandro Garúz y Gustavo Pérez, quienes están detenidos desde enero pasado y en espera de juicio programado para marzo de 2016. El expresidente es juzgado por la Corte Suprema -y no por un tribunal inferior- debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.
La defensa de Martinelli, encabezada por el exprocurador general Rogelio Cruz, intentó frenar la solicitud de detención presentando un recurso de inconstitucionalidad, que fue desestimado por la Corte. Martinelli, además, enfrenta otros procesos relacionados con el uso ilegal de fondos públicos de un programa de asistencia social adscrito a la Presidencia.