Tegucigalpa. – El titular de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), el comisionado de Policía Julián Hernández, indicó este domingo que las caravanas migrantes incrementan los delitos relacionados con el crimen organizado dedicados a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre otros conexos.
Hernández declaró que para garantizar la integridad y seguridad de los hondureños se realizan controles permanentes en los puestos fronterizos habilitados y no habilitados a fin de garantizar la protección de la población y evitar el tráfico irregular de personas.
Entre 2017 y 2020 se ha capturado a 359 personas acusadas por el tráfico ilegal de personas, muchos de los cuales han sido detenidos en estas movilizaciones masivas, indicó.
“La Policía Nacional ha venido trabajando fuertemente y estas personas que han sido detenidas es producto de un proceso de investigación que se ha venido dando”, añadió.
Señaló que “el crimen organizado tiene interés económico, no hay fines humanitarios. Al pueblo hondureño le decimos que no se deje llevar por esas falsas expectativas; lo único que persiguen es un interés económico para estas redes del crimen organizado”.
Detalló que las capturas se han incrementado de forma significativa desde 2017; en ese año se capturaron 23 traficantes de personas; en 2018, otros 56; en 2019 se reportaron 120 capturas y el año anterior 160.
En ese sentido se está implementando un Plan de Seguridad Integral para la protección de los migrantes que salen y entran al país, y evitar que sean víctimas de personas que tienen antecedentes delictivos, informó el comisionado Hernández.
Explicó que en ese sentido hay operativos de prevención, disuasión o control en diferentes puntos del país a fin de identificar redes dedicadas al delito de trata de personas o tráfico ilegal de personas y evitar que salgan del país de manera irregular, utilizando los puntos fronterizos no habilitados para evadir los requisitos que establece la ley migratoria.
Indicó que estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad Integral, en el que participan diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con la protección ciudadana en la movilización de personas.
“Es parte de asegurarse que las personas que van a salir del país cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Migratoria y proteger la integridad y seguridad de las personas”, concluyó.
