El Gobierno de Puerto Rico imploró hoy a Washington que le permita declararse en bancarrota antes de julio, cuando podría desatarse una “batalla campal” en los tribunales si los bonistas -a los que ofrece una quita del 53 %- no aceptan sentarse a negociar “de buena fe”.
Un día después de incurrir en su primer impago masivo de deuda (al dejar de pagar 367 de los 422 millones de dólares que debía y aplazar el abono de otros 33 millones), el gobernador Alejandro García Padilla adelantó hoy que no habrá dinero para pagar los 2.000 millones que vencerán el 1 de julio. Lo más grave es que 700 de esos millones son obligaciones generales, cuyo pago está garantizado por la Constitución local, lo que supondría el primer impago de deuda garantizada en la historia de la isla, algo que pocos jueces respaldarían.
“No se anticipa que tengamos el dinero”, por lo que “invitamos” a los acreedores “a que negocien de buena fe”, dijo García Padilla en una conferencia de prensa rodeado del núcleo duro de su gabinete, cada vez más aislado del resto de la clase política de la isla, donde está prevista la celebración de elecciones en noviembre.
Aunque el gobernador dijo tener esperanza en que el Congreso federal aprobará de una vez algún mecanismo que le permita declararse en quiebra bajo la ley federal y reestructurar ordenadamente la deuda, su equipo económico, encabezado por Melba Acosta, sigue sumido en intensas negociaciones voluntarias con los bonistas.
Su idea es seguir tratando de realizar los pagos menores que se vayan presentando en las próximas semanas, pero “no se descartan moratorias adicionales como la aplicada el domingo”, explicó el gobernador, que llamó la atención sobre lo complicado de negociar acreedor por acreedor. De hecho, tras meses negociando hasta el momento sólo se ha llegado a un principio de acuerdo con titulares de unos 900 millones de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que en total tienen notas emitidas por 3.800 millones.
Esos bonistas, que tenían 120 de los 422 millones que vencían el domingo y de los que sólo se pagaron los intereses (22 millones), han dicho estar dispuestos a seguir negociando durante un mes más y a asumir una quita temporal del 43,75 % . La idea es que cuando ese acuerdo se cierre se pueda ofrecer a todos los demás bonistas del BGF y que todos ellos lo acepten, porque si no, no se puede aplicar.
Lo que se les ofrece es un intercambio de sus bonos por otros provisionales con un principal un 43,75 % inferior y con préstamos municipales como colateral, en lo que se logra una reestructuración del principal de toda la deuda de la isla. Cuando llegue ese momento, si llega, el Gobierno les puede hacer entrar en la negociación general, lo que llevaría a realizar un segundo intercambio de títulos con una reducción del principal del 53 % respecto del valor a día de hoy.
Esto quiere decir que el Gobierno de la isla baraja una quita general del 53 % sobre el principal, un notable descuento que parece difícil que los bonistas admitan voluntariamente, si el proceso de negociación no está sujeto a la Ley de Quiebras de EE.UU.
“Si nos ha costado tanto alcanzar este acuerdo, imagínense cómo sería negociar voluntariamente con todos y cada uno de los acreedores” de la Administración de Puerto Rico, que acumula deudas por 72.000 millones, alertó el gobernador. Igualmente, recordó que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el monopolio público del sector eléctrico, tardó un año y medio en pactar con los titulares de sus 9.000 millones de deuda.
“O el congreso nos da un proceso de reestructuración que funcione, y no uno plagado de defectos a propósito, o tenemos que embarcarnos en un proceso de negociaciones voluntarias que van a ser así de complicadas”, advirtió. Por ello, insistió en que es necesario que Washington apruebe cuanto antes un mecanismo que permita a la isla declararse en quiebra bajo la legislación federal -de la que fue excluida en 1984- y pueda reestructurar ordenadamente su deuda.
“Si no, tendremos que hacer frente a un sinnúmero de litigios”, explicó, lo que dejará a la isla “a merced de jueces como el que recientemente prefirió darle 115 millones a Walmart antes que a Puerto Rico”.
“Nuestro principal enemigo ahora mismo es la politiquería en Puerto Rico y en EE.UU. El Congreso de EE.UU. no tiene menos mezquindad política que la esfera puertorriqueña”, lamentó, al tiempo que pidió unidad a los puertorriqueños y rechazó entrar en el debate del estatus político de la isla. “El país va a salir adelante, es cuestión de tiempo”, dijo, tras recordar que otros países han pasado ya por esto y que los que “trabajan unidos tardan menos en salir de esta circunstancia”.