Tegucigalpa.- El vicepresidente c, Teodoro Bonilla, acusado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, fue suspendido de su cargo y privado de su libertad, mediante la medida cautelar de arresto domiciliario.
La determinación la tomó el magistrado Raúl Henríquez Interiano, actuando como juez especial en el proceso que se le sigue a Bonilla. Además, le impuso dos medidas cautelares más que incluyen la prohibición de salir del país y la de comunicarse con las juezas procesadas, Liz María Núñez y Delmy Elizabeth López.
El juez especial aplicó el artículo 173, numeral 12, que se refiere a las “Medidas Cautelares Aplicables”, que señala que el órgano jurisdiccional, concurriendo los presupuestos legitimadores, podrá adoptar, por auto motivado, una o más de medidas cautelares. Entre estas medidas se contempla la “suspensión en el ejercicio del cargo, cuando se le atribuya un delito contra la administración pública”.
Además, se agrega que “para los mismos fines previstos en este Artículo, y para los efectos de la investigación, el Ministerio Público, en caso de urgente necesidad que impida recabar la autorización judicial, podrá adoptar una o más de las medidas cautelares previstas en los numerales 1), 2), 7), 9) y 11) de este Artículo”.
“Inmediatamente lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional, exponiendo las razones que impidieron obtener aquella autorización”. La figura delictiva cometida por un alto funcionario del Poder Judicial está contenida en los artículos 349 y 369 del Código Penal vigente.
El MP presentó el 25 de septiembre del 2015 el requerimiento fiscal contra Bonilla, acusado por el delito de tráfico de influencias, cuya pena es de seis a nueve años. Además, se le imputó el ilícito de abuso de autoridad, penalizado con tres a seis años de prisión.
En el documento también se solicita que se abra un antejuicio contra la magistrada de la Corte de Apelaciones, Delmy Elizabeth López, acusada de prevaricato.
De igual forma se pide que se investigue por tráfico de influencias a la jueza con jurisdicción nacional, Liz Marisa Núñez Cardona. Ambas ya están informadas que su ante juicio fue declarado con lugar, por lo que en los próximos días se hará la audiencia de declaración de imputado.
El escrito presentado por el MP indica que el tráfico de influencias cometido por Bonilla se refiere al “Shalom” en los que se involucró a dos supuestos parientes de Bonilla.
Este hecho fue registrado en enero del 2014, por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía Militar, dándose captura a Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla. A estas tres personas posteriormente se les acusó por lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales.
